Ideas propias y formatos ajenos

Las mesas de saldos y ofertas de las librerías de Buenos Aires deparan algunas buenas sorpresas. Paseo por la calle Corrientes, busco, revuelvo, reviso, y encuentro a 12 pesos, un libro que trae en la tapa las imágenes de dos personas pobres. Podrían ser fotos de cualquier sumario policial que se iniciara en Villa Oculta, La Cava o el barrio Carlos Gardel. Pero son dos marroquíes.  El nombre del libro es «Falsos testigos del porvenir. El caso de los condenados por la cara: Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi». Lo compro, comienzo a leer un texto detallado, complejo, donde se mezclan casos de enorme repercusión pública -varias violaciones sucedidas en las cercanías de Barcelona, en 1991-, la necesidad de encontrar culpables urgentemente, las deficiencias de las investigaciones judiciales, los prejuicios, la detención de  inocentes. El autor es un periodista español: Braulio García Jaén. Y el libro, antes de serlo, fue blog: www.ladoblehelice.com.

Un sobreviviente, Hugo Cardozo, dio un reportaje al Diario Hoy de La Plata al cumplirse 30 años de la masacre del Pabellón Séptimo de la Cárcel de Devoto, el 14 de marzo de 2008. En ese reportaje, Hugo reclamaba que se reflotara el caso. Hablaba de un delito de lesa humanidad. Leí esa nota mientras pasaba por una crisis laboral. Estaba boyando por diversas oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, esperando que me asignaran destino. Oficina, silla, computadora y tarea. Lo que yo quería hacer, no se podía: atender las denuncias que llegaban diariamente por la situación en cárceles, comisarías, instituciones de encierro. Denuncias de torturas que se nos indicaba que había que reenvíar a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, si sucedían en cárceles federales. Si sucedían en cárceles o comisarías provinciales, tampoco podíamos intervenir. Todos los abogados y abogadas del área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos debíamos trabajar en los juicios por delitos de lesa humanidad, y por una disposición del entonces Ministro Alberto Iribarne (hoy apoderado del duhaldismo malo) se nos designaría como querellantes. Yo no estaba de acuerdo. Quería trabajar en los casos de violencia institucional en los que ninguna área de la Secretaría se inmiscuía: los del presente. Comencé a discutir esas decisiones. Decía: Ya existen una cantidad de organismos de derechos humanos (los llamados «históricos») con sus equipos de abogados, más las fiscalías federales, más la justicia federal, que, salvo algunas excepciones, trabajan en la misma dirección. La Secretaría de Derechos Humanos podía aportar, pensaba yo, información, documentación, incluso personal de algunas de sus áreas, para garantizar el buen desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Pero… ¿Todo el personal del área jurídica? ¿No se podía destinar una parte mínima para armar un Programa de Prevención de la Tortura, para avanzar en el contacto con las organizaciones que trabajan en el tema hoy, para atender las denuncias de presos y familiares, para trabajar sobre los abusos policiales, para recorrer cárceles y comisarías? No, no se podía. Un alto funcionario dijo, en esos días en que yo pretendía discutir esa cuestión: «Lo que pasa en la cárceles no es de competencia de esta Secretaría!».  Así que, mientras esperaba que me mandaran a un nuevo destino, leí esa nota. Coincidía con el reclamo de Cardozo: matar y/o dejar morir en un pabellón, dejar que decenas de presos se mueran achicharrados, y fusilar a los que intentan salir, hubiera sido entendido como delito de lesa humanidad, sin duda, si  hubiera pasado en el pabellón de presas políticas de Devoto, o en el pabellón de presos políticos de Rawson. Pero los fusilados y achicharrados eran presos comunes. Chorros, ladrones, drogadictos, asaltantes de bancos. Entonces, eso se denomina «motín», y pasa. Como pasaron los llamados motines del Penal de Magadalena, en octubre de 2005, del Penal de Varones de Santiago del Estero, en noviembre de 2007, o como van pasando pequeños «motines» de adolescentes, en la Comisaría 1ra. de Quilmes (setiembre de 2004), Comisaría 7ma. de Corrientes (enero de 2006), Comisaría 20 de Orán, Salta (2006 y 2008), y Alcaidía de Menores de Catamarca (setiembre de 2011), entre muchos otros casos. La mecánica es la misma cada vez: luego de un hecho de represión, o en el marco de un reclamo por algo, una persona privada de libertad prende fuego a un colchón a modo de protesta. Quienes tienen la obligación de abrir las celdas, las dejan cerradas. Quientes deberían apagar el fuego, no lo hacen. Los presos mueren quemados o asfixiados. Quizá se procesa a alguien por «abandono de persona», pero sin demasiado entusiasmo: http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=56127

Una copia del reportaje a Hugo Cardozo quedó dando vueltas por ahí. Mientras, yo seguía pasando de oficina en oficina: primero, al «Progama Nacional de Lucha Contra la Impunidad», un nombre ambicioso para un área creada por el ex Ministro de Justicia Gustavo Béliz, supuestamente para evitar que determinados casos judiciales, de enorme impacto mediático, quedaran impunes. Se me propuso trabajar allí las cuestiones de violencia institucional, presenté proyectos, quedaron en la nada. Otro pase, a otra oficina, esta vez en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La infelicidad. Seguía inmersa en investigaciones, seguimientos, listados, expedientes, sobre lo que había pasado en la dictadura a una parte de sus víctimas. Mientras, trabajaba en mi libro sobre algunas víctimas del presente: los jóvenes condenados a prisión perpetua:

En abril de 2010 me fui a trabajar fuera del país, como Directora Adjunta de la Oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura. En julio se publicó «La vida como castigo». En marzo de 2011 decidí volver a la Argentina. Y, entonces, el proyecto volvió a tomar fuerza: Escribir sobre la situación de los presos comunes durante la dictadura. Debatir, discutir, sobre lo que entiendo es un doble estándar. Denunciar la falta de atención a lo que pasa, hoy, en los lugares de encierro. Desde el 2004 formo parte del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos: http://cepoc-cepoc.blogspot.com/ El CEPOC fue el espacio desde el que trabajé los temas que en el Estado no podía: tortura, jóvenes en prisión, justicia penal juvenil, políticas de seguridad. En octubre de 2008, una mujer nos escribió una carta, igual a la que mandó a decenas de otros lugares, pidiendo ayuda. Era la madre de un adolescente al que le habían inventado una causa, la esposa de un preso común, la madre del hijo de ese preso común. Fuímos los únicos (las únicas, esta fue una red casi exclusivamente femenina) que la escuchamos. Dos años después, conformaron la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales http://familiaresdedetenidos.blogspot.com/

El sábado 10 de setiembre de 2011 conversé durante unas dos horas en la Confitería La Perla de La Plata (7 y 56, las mejores medialunas de la zona, si una no estuviera a dieta…) con Hugo Cardozo y su compañera Claudia. Me contó, a borbotones, algunos de sus recuerdos del horror de aquel 14 de marzo, del antes y el después. Desfilaron en ese relato picanas, golpes brutales, compañeros fusilados. En un momento, se quedó paralizado: había visto la foto del Guampa, su compañero de rancho, en el libro «Los derechos humanos en el otro país«, el primero en el que leí una crónica de aquella masacre, escrita por Daniel Barberis:

Hablamos con Hugo y Claudia de un posible libro, de un intento de reflotar el caso, de buscar a más sobrevivientes. Dijo que quería volver a Devoto, que había leído que pensaban demoler la cárcel, que al menos le parecía que había que recordar a los muertos.

En algún momento, le pedí que suspendiéramos. No había llevado grabador, y ya no podía tomar más notas. Quedamos en volver a vernos en dos o tres semanas.

Y luego, al leer el libro sobre los perejiles marroquíes, se me ocurrió que, mejor que un libro, podía iniciar un blog. Copio ese formato, entonces, para ir relatando lo que podamos investigar y generar, para que la masacre del 14 de marzo de 1978 no quede impune.