Presos comunes, presos sociales

La primera vez que leí algo sobre el 14 de marzo de 1978, fue en un libro publicado en 1987, con el auspicio del SASID (Servicio de Acción Solidaria Integral de Detenidos), que se ocupaba de los presos “comunes”. Yo conocí a ese organismo cuando militaba en otro, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se ocupaba de los presos “políticos”. De hecho, mi primera actividad en la Liga, cuando comencé a militar en su Departamento Juvenil, fue hacer una huelga de hambre por la libertad de los presos políticos de la dictadura. Era setiembre de 1985, y a dos años de las elecciones democráticas, todavía doce presos varones y una mujer, seguían detenidos en cárceles federales, cumpliendo condenas impuestas durante la dictadura. Hicimos la huelga integrantes de los grupos juveniles de cuatro organizaciones de derechos humanos (Servicio Paz y Justicia, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y la Liga), y varios dirigentes de las juventudes políticas. La división entre “políticos” y “comunes” era evidente. Las actividades por las que los presos políticos seguían presos no se discutían. Ni siquiera se hablaba de “delitos”. Habían sido combatientes, militantes populares. La mirada crítica sobre las actividades de chorros, homicidas, violadores, drogadictos, por el contrario, alejaba a la mayoría de “los organismos” de sus problemas, denuncias y reclamos. Salvo cuando se producía una protesta colectiva. Y creo que, en esos casos, más por lo que pudiera afectar a los políticos que por el reclamo en sí mismo.

El SASID, entonces, no formaba parte del colectivo de “los organismos”. Estaba integrado por ex delincuentes, no era la clientela habitual.

Daniel Barberis, él mismo ex preso “común”,  publicó el libro “Los derechos humanos en el ‘otro país'” en 1987. Lo prologó y compiló, e incluyó un texto propio, además de trabajos de Luis Frontera, Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Domínguez, Elías Neuman y Alfredo Moffatt.

A lo largo de su texto, titulado “Testimonios del ‘otro país'”, Barberis distingue entre presos comunes y presos sociales: “El término ‘preso social’ no es una manera coqueta de llamar a los presos comunes. No hemos buscado con él una expresión que no hiera los oídos sensibles de la pequeña burguesía. El preso social NO ES el preso común: es un nuevo producto social surgido a partir de 1966 cuando, con el ‘Onganiato’, se instala la DSN (Doctrina de la Seguridad Nacional), profundizado diez años más tarde con el ‘Proceso’. Este nuevo habitante de las cárceles adquiere un perfil más nítido luego del mundial de fútbol del ’78. Hasta ese momento la cárcel estaba llena de marginales dependientes, luego irrumpe en la sociedad carcelaria el marginado social y la reformula, la trastoca, como revolucionan todo lo que tocan -por su dinámica- los marginados sociales (que incluyen en su seno a los trabajadores, expresión viva en la actualidad del fenómeno de marginación social). En el mutuo aprendizaje que compartimos marginados sociales y marginales dependientes nos nutrimos de experiencias diferentes pero complementarias (…) Sin los marginados no hubiese habido principios organizativos en las cárceles, pero sin marginales dependientes conocedores de los códigos y secretos tumberos la tarea probablemente hubiera fracasado (…) En nuestra opinión no debe ser habitual o común el castigo a la pobreza. En el nuevo sistema de valores que hemos adquirido, el preso común no es lo común y hasta tanto la injusticia social no sea desalojada por la igualdad de oportunidades, mientras existan las cárceles y se mantenga el actual concepto penitenciario, hemos de llamar a los habitantes de las cárceles presos sociales”.

Y, luego, cuenta lo qué le pasó a un grupo de esos presos,  el 14 de marzo de 1978: “… la Doctrina de la Seguridad Nacional -vestida de histeria represiva- se cobrará con la sangre y la carne de los presos sociales su parte, en uno de los genocidios con más pruebas para ser aclarados, que ocurrieran durante el ‘Proceso'”. Aún así, quedó impune.”

Barberis define aquello como un genocidio impune, mucho antes de que se hablara de genocidio en algún fallo judicial en nuestro país, y en el mismo año en que se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego, y desde que se anularon aquellas leyes, y los indultos dictados en 1989, comenzó a utilizarse el concepto de “delito de lesa humanidad”, que no prescribe y por lo tanto es perseguible sin límite temporal.

http://www.youtube.com/watch?v=_cheuJc8LKI

Algunos juristas (y fallos) sostienen que lo que hizo la dictadura militar en nuestro país entre 1976 y 1983, fue un genocidio:

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-124769-2009-05-12.html

Otros, que no hubo genocidio, sino delitos de lesa humanidad:

http://derechos.org/nizkor/arg/doc/memo1.html

Pero bajo ninguna de estas figuras se analizó lo que pasó el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, que, coincidimos con Barberis, quedó impune. ¿Hasta ahora?

 

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